San Luis: cuando la Justicia empieza a parecerse a la política

Por Facundo Samper — Los datos de esta nota corresponden a la causa Molino Fénix, en trámite en la Segunda Circunscripción Judicial de San Luis. Las interpretaciones son responsabilidad de quien firma.
El 20 de agosto, el juez de Garantía N.º 4, Santiago Andrés Ortiz, tiene una audiencia por delante que —more allá de lo estrictamente jurídico— se va a leer en clave política. Y no porque alguien lo haya decidido así desde un editorial: los propios hechos del expediente empujan a esa lectura.
Repasemos lo que consta: los plazos de la Investigación Penal Preparatoria vencieron el 25 de octubre de 2025. Pese a eso, el fiscal José Alberto Olguín continuó impulsando actuaciones. La defensa sostiene que no hubo prórroga válida que habilitara esa continuidad. Es una discusión técnica, sí, pero con una pregunta de fondo que no es menor: ¿puede un proceso penal seguir adelante cuando sus plazos legales ya expiraron?
A eso se suma un dato que, a mi juicio, no puede leerse como casualidad: Olguín acumula denuncias que lo exponen públicamente —por violencia de género y hostigamiento, según la denuncia de Anabela Lucero, y por presuntos vínculos con dirigentes políticos de Villa Mercedes, según el pedido del diputado Joaquín Beltrán—, y ninguna de las dos tuvo, hasta donde consta, una respuesta institucional. Cuando un fiscal bajo ese nivel de cuestionamiento sigue al frente de una causa políticamente sensible, la pregunta sobre la ecuanimidad del proceso deja de ser una exageración de la defensa.
Aquí es donde la interpretación entra en juego, y quiero decirlo con todas las letras: no tengo prueba de que exista una decisión política deliberada para sostener esta causa más allá de sus plazos legales. Lo que sí existe es una acumulación de señales —vencimiento de plazos, denuncias sin resolver, conflicto de competencia sin explicar— que, sumadas, alimentan la sospecha de que en San Luis la frontera entre el expediente judicial y el tablero político se volvió borrosa. Esa sospecha es legítima. No es lo mismo que una certeza.
El 20 de agosto, Ortiz no solo va a resolver sobre una causa. Va a decidir, con su fallo, si esa sospecha se disipa o se confirma. Si la ley se aplica tal como está escrita, el proceso debería terminar. Si no, habrá que preguntarse —otra vez, sin poder probarlo del todo— quién más está decidiendo por él.

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