RIPEE: el gobierno consiguió la ley, pero quedan preguntas sin responder

La Legislatura de San Luis convirtió en ley el RIPEE (Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo), el proyecto que el gobernador Claudio Poggi había enviado hace pocas semanas. El Senado le había dado media sanción el 28 de julio, y Diputados terminó de aprobarlo ahora.
¿Qué propone?
El régimen se arma sobre cuatro ejes: beneficios tributarios, subsidio al empleo, gestión y disposición de inmuebles fiscales, y financiamiento de proyectos privados. El beneficio estrella son exenciones de impuestos provinciales que pueden extenderse hasta 15 años, más la posibilidad de otorgar créditos fiscales según la magnitud de cada proyecto. También incluye la adhesión provincial al RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones).
Desde el Ejecutivo lo vendieron como una herramienta para dar «seguridad jurídica» a las empresas y atraer inversiones. El ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, incluso salió a aclarar que el proyecto no habilita nuevas actividades mineras, para bajarle el tono a las críticas de sectores ambientalistas.
Las preguntas que quedaron sin responder
En el debate, la oposición marcó los mismos puntos que venimos planteando: ¿cuánto va a costar? ¿quién decide? ¿quién controla?
El diputado Lucas Caymes (Unidad Justicialista) cuestionó que el proyecto no incluya una estimación del costo fiscal ni un informe de impacto presupuestario, y advirtió que faltan cupos, topes y plazos claros para varios de los beneficios.
Su compañera de bloque, Silvia Sosa Araujo, fue más dura: dijo que la ley convierte a la Legislatura en una «delegatura», porque le da al Ejecutivo la potestad de definir la autoridad de aplicación y modificar trámites, requisitos y tasas por normas complementarias, sin pasar de nuevo por los diputados.
El resumen
Beneficios fiscales para atraer inversión, sí. Pero sin costo fiscal estimado, sin impacto presupuestario calculado y con el Ejecutivo manejando buena parte de las reglas después de sancionada la ley. La pregunta que queda picando: ¿quién controla que esto no termine siendo un cheque en blanco?

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