Dos años del asesinato de Renato Fuentes en Cortaderas, y lo que sobrevuela es un olor insoportable a negligencia institucional, trasfondo político y un expediente que parece congelado. La familia clama justicia; la viuda lo dijo claro: «Lo mató la misma policía».

A dos años exactos del homicidio de Renato Mauricio Fuentes —un oficial de 30 años, padre de dos niños, que respondía a un robo en Cortaderas la madrugada del 20 de septiembre de 2024—, la investigación sigue en un limbo que huele a deliberado. Mientras la provincia avanza con otros procesos judiciales a ritmo dinámico, esta causa presenta una dilación tan llamativa que parece estar congelada a propósito.

El oficial recibió cuatro disparos en el tórax. Ningún chaleco antibalas. Porque en la subcomisaría de Cortaderas, solo había tres chalecos para ocho efectivos. Eso consta en el expediente. Lo saben los comisarios. Lo sabe la cúpula de Seguridad. Y aparentemente, a nadie le importó lo suficiente como para equipar dignamente a quienes supuestamente defienden.

Julio Daniel «Ringo» Lescano es el único imputado por robo calificado y homicidio criminis causa. Pero ese expediente está lejos de agotar las responsabilidades. La querella, representada por el abogado Gustavo Reviglio, apuntó directamente a la fiscalía por «comodidad» y exigió que se investigara a jefes policiales y a la propia cúpula del Ministerio de Seguridad.

Lo que duele y preocupa, lo que tira hacia adelante la sospecha, es lo que declaró públicamente Nancy Abigail Muñoz, la viuda. Con una claridad demoledora: «Tengo la corazonada de que a Renato lo mató la misma policía porque vio lo que no tenía que ver». No es una acusación de película. Es el reclamo de una mujer que vio desaparecer pruebas clave del expediente —como registros de la autopsia— mientras la Justicia se movía al ritmo de la parsimonia.

La querella también denunció un sistema de represalia dentro de la fuerza: traslados punitivos a efectivos que no obedecen ciegamente las disposiciones de la cúpula. Policías desterrados a cientos de kilómetros de sus hogares por atreverse a disentir. Es la tinta que no aparece en los comunicados oficiales.

A un año y medio del crimen, el Tribunal de Impugnaciones ordenó prorrogar la investigación para analizar no solo el rol del acusado, sino también posibles irregularidades y responsabilidades institucionales. El juez Jorge Osvaldo Pinto mandó a reconstruir el hecho. Las alarmas están ahí, titilando en el expediente: hay cabos sin atar.

Y luego está el lado más amargo: la utilización política del cadáver. El gobernador Claudio Poggi decretó duelo provincial. Ascendieron a Fuentes post mortem a comisario. Bella ceremonia, todo muy oficial. Pero cuando Nancy Muñoz reclamó las promesas de acompañamiento que le hicieron —cuando pidió seguridad real para su familia, cuando exigió explicaciones—, el silencio fue ensordecedor. La viuda misma lo gritó: el Gobierno la abandonó después de exprimir políticamente el caso.

¿Qué hay realmente detrás de este escenario? Esa es la pregunta que flota sobre Cortaderas. ¿Por qué una investigación por el crimen de un oficial progresa con pasos de caracol mientras se alega «falta de imputados»? ¿Por qué desaparecen pruebas? ¿Por qué la fiscalía se resiste a ampliar las líneas de investigación que apunta la querella?

A dos años del operativo fatal, Renato Fuentes descansa bajo el uniforme de comisario que no pudo disfrutar en vida. Su familia sigue reclamando verdad. La sociedad puntana sigue esperando que alguien cierre este caso de una vez, con justicia de verdad, no con ceremonias.

La impunidad tiene patas. Y en Cortaderas, camina lento pero seguro.

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