ATE San Luis le pidió a la Legislatura que rechace o modifique a fondo el «Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar». El gremio sostiene que el proyecto del Ejecutivo no es una solución para los trabajadores puntanos y que, en cambio, beneficia a los bancos con exenciones fiscales.
La presentación se hizo este martes 29 de septiembre ante la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía de la Cámara de Diputados, que preside la CPA María Eugenia Gallardo. La firma Luis Fernando Gatica, secretario general de la Seccional San Luis.

«Desendeudar no es prestar más»
El eje del planteo es simple: si una familia debe $1 millón y toma otro préstamo de $1 millón para pagar el primero, no se desendeudó, cambió una deuda por otra. Y si encima paga intereses, puede terminar debiendo más.
Para ATE, desendeudarse es que la deuda total baje sin ser reemplazada por deuda nueva. Y eso solo pasa si el ingreso recupera poder de compra. «Una familia no puede salir de la deuda si todos los meses vuelve a quedar en rojo», plantea el documento.
Los números que muestra el gremio
Según el relevamiento de ATE, con datos del INDEC y de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, entre diciembre de 2023 y julio de 2026:
- La inflación acumulada en San Luis llegó al 239,62%.
- Los aumentos salariales acumulados fueron del 150,71%.
- A nivel nacional, la inflación en el mismo período fue del 241,8%.
Además, el gremio marcó aumentos muy fuertes en rubros básicos de la canasta familiar:
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 530,6%
- Educación: 420,8%
- Bienes y servicios varios: 283,9%
- Transporte y movilidad: 274,0%
ATE también vinculó el achicamiento de la masa salarial pública con el impacto en el comercio y las pymes: habla del cierre de más de 300 empresas y la pérdida de casi 4.000 puestos de trabajo privados registrados en la provincia.
Del salario que no alcanza a la deuda
El documento describe un camino que muchas familias puntanas conocen bien: primero el ahorro, después la tarjeta, después financiar la tarjeta, después un préstamo para cancelar otro, y al final, muchas veces, el crédito informal.
El gremio advierte que hay una deuda invisible que no aparece en las estadísticas bancarias: plata prestada por familiares, compras fiadas, adelantos de sueldo, deudas para comprar comida o medicamentos. Y señala que golpea más fuerte a jóvenes, jubilados y mujeres.
Para ATE, el punto de partida fue diciembre de 2023, cuando los sueldos estatales de diciembre y enero se pagaron en dos cuotas. Sostiene que ese desdoblamiento pudo funcionar como detonante financiero para miles de hogares, que recurrieron a descubiertos, préstamos de emergencia y tarjetas para pagar alquileres, alimentos y medicamentos.
«Hay plata»: el argumento de los fondos
Uno de los puntos más fuertes del escrito apunta a las cuentas de la provincia. Citando informes de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía de la Nación, ATE afirma que San Luis registra, en el primer trimestre de 2026:
- Stock de deuda consolidada del 0% y deuda en moneda extranjera del 0%.
- Depósitos líquidos por más de $1 billón.
- Un Fondo Único de Cuentas Oficiales (FUCO) de $812.430 millones.
- Reservas en divisas por 39 millones de dólares.
Con esos datos, el gremio cuestiona el argumento de la falta de fondos para dar recomposiciones salariales. Le resulta incompatible, dice, que un Estado con recursos líquidos y reservas mantenga a docentes, profesionales de la salud, policías y demás empleados públicos con ingresos que no cubren sus necesidades.
La «trampa de la refinanciación»
ATE describe el proyecto como una refinanciación de deudas familiares acompañada de incentivos tributarios y alivios fiscales para bancos y entidades financieras que operan en la provincia. Cuestiona que se usen recursos públicos para compensar a las entidades mientras las familias siguen sufriendo la pérdida de poder adquisitivo.
El gremio también marca un paralelismo entre el rumbo económico nacional del presidente Javier Milei y medidas aplicadas en la provincia por el gobernador Claudio Poggi, con el salario como variable de ajuste.
Qué le pide ATE a la Legislatura
- Rechazar o modificar sustancialmente el proyecto, eliminando todo beneficio fiscal, exención o franquicia tributaria para entidades financieras y bancarias privatizadas.
- Establecer un esquema de desendeudamiento a Tasa Cero para todos los trabajadores de la administración pública provincial y municipal, con congelamiento de intereses usureros y suspensión de remates o ejecuciones bancarias. El costo lo asumirían los bancos o se financiaría con fondos líquidos del Estado provincial, sin capitalización de intereses ni comisiones.
- Exigir al Poder Ejecutivo la inmediata apertura de paritarias y un aumento salarial de emergencia que compense la pérdida del 88% frente a la inflación, con el pase al básico de todos los ítems no remunerativos.
El cierre del documento resume la postura del gremio: una sociedad desendeudada no es aquella donde todos tienen acceso al crédito, sino aquella donde el ingreso alcanza para que pedir prestado deje de ser una necesidad para llegar a fin de mes.
¿Vos qué pensás, puntano? ¿El proyecto alivia o es más de lo mismo? Contanos en los comentarios.
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