Poggi dice que «los chicos no van a ir a la Penitenciaría»: ¿y entonces a dónde?
El gobernador Claudio Poggi ratificó este miércoles su respaldo total al nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y ya está en vigencia desde el 5 de septiembre. Con el tono tranquilizador de siempre, el mandatario aseguró que «los chicos no van a ir a la Penitenciaría, primera regla general». Suena bien. El problema es que esa frase no responde la única pregunta que realmente importa: si no van a la Penitenciaría, ¿a dónde van?
Porque la respuesta, hoy, es que no hay a dónde. San Luis no cuenta con centros especializados con la capacidad ni la infraestructura necesaria para alojar y, sobre todo, para tratar a adolescentes en conflicto con la ley penal. No hay equipos de salud mental suficientes, no hay dispositivos de acompañamiento psicosocial a la escala que exige una baja de imputabilidad de este tipo, y no hay un plan público, concreto y presupuestado que explique cómo se va a sostener en la práctica lo que el Gobernador promete en los discursos.
El propio Poggi lo admitió sin querer: contó que la Nación reglamentó la ley hace apenas dos días, que la Provincia «comenzó a avanzar» en conversaciones con el Poder Judicial y que San Luis está «próximo a firmar» un convenio de colaboración con Nación. Es decir, la ley ya rige, ya hay adolescentes de 14 años que pueden ser alcanzados por ella, y el esquema que va a definir qué se hace con ellos todavía se está negociando. Se aplica la sanción antes de tener listo el lugar y el equipo que deberían contenerla.
Ahí está el problema de fondo con la frase «primera regla general»: toda regla general admite excepciones. Y cuando no hay dispositivos alternativos reales, en cantidad y calidad suficientes, esas excepciones dejan de ser la excepción para convertirse, de hecho, en la salida más a mano. La Penitenciaría termina siendo el destino no porque el Estado lo decida como política, sino porque no construyó a tiempo nada distinto.
Meter a un adolescente de 14 años en un circuito penal pensado para adultos, aunque sea «como excepción», no resuelve nada: no baja la inseguridad, no cambia las condiciones de exclusión que empujan a un pibe al delito, y sí puede provocarle un daño que después es muy difícil de revertir. Décadas de evidencia en la región muestran que el encierro temprano, sin abordaje real de salud, educación y contención familiar, tiende a profundizar la vulnerabilidad en lugar de reducirla, y termina alimentando la reincidencia en vez de frenarla. Bajar la edad de imputabilidad sin tener antes la infraestructura, los profesionales y el presupuesto para sostenerla no es una política de niñez y adolescencia: es un anuncio. Y los anuncios, cuando no vienen acompañados de estructura, terminan pagándolos los pibes que el Estado dice que no va a mandar a la cárcel.
