El Gobierno nacional confirmó un nuevo cronograma de aumentos para el salario mínimo, vital y móvil que se extiende hasta abril de 2027. La suba, sin embargo, está lejos de representar una mejora real para los trabajadores: ningún mes contempla un incremento superior al 2%, mientras la inflación acumulada sigue erosionando el poder adquisitivo.
El esquema, oficializado en el Boletín Oficial a través de la Resolución 4/2026, llevó el piso salarial a $383.800 desde septiembre. Recién en abril de 2027, después de ocho actualizaciones consecutivas, el monto llegará a $437.000. Es decir, una suba nominal de apenas 16% en ocho meses, un número que ni siquiera roza las proyecciones inflacionarias del período.
El dato que expone la debilidad del acuerdo es cómo se llegó a él. La CGT y las dos CTA rechazaron de plano la propuesta del sector empresario y se levantaron de la mesa del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo antes de que terminara la reunión. Los sindicatos habían planteado llevar el piso salarial a $911.000, con un techo de $993.000 para diciembre. Más lejos todavía quedó el reclamo del Frente de Sindicatos Unidos, que en julio había exigido $3.000.352, cifra que —según sus cálculos— es la que realmente cubre una canasta básica.
Frente a ese abismo entre lo pedido y lo otorgado, el Gobierno terminó fijando el aumento por decreto, sin acuerdo de las partes. Una definición que deja en offside a millones de trabajadores registrados, jornalizados y también a quienes cobran el seguro de desempleo, cuyo cálculo está directamente atado a este valor.
Para los puntanos y puntanidas que viven de un sueldo mínimo o de changas jornalizadas, la cuenta es simple: el bolsillo sigue perdiendo contra los precios, mes a mes, con el aval de una resolución que ya está firmada hasta 2027.
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