La crisis institucional en la Liga Sanluiseña de Fútbol sumó un capítulo más grave. Una nueva presentación ante la conducción de la entidad y el Consejo Federal de AFA incorpora una factura que compromete aún más a la sancionada presidenta, Laura Sánchez.

El documento sostiene que el pago por el alquiler del complejo Suela 13 se habría hecho con fondos de la Liga, pese a que el predio estaría vinculado a un emprendimiento privado de la propia Sánchez. La nota ya está en conocimiento de Daniel «Pela» Miranda, vicepresidente y actual responsable de la presidencia tras la sanción a Sánchez, y también habría llegado al Consejo Federal de AFA.

Los dirigentes que impulsan el reclamo piden una salida institucional: la renuncia de Sánchez o, en su defecto, una Asamblea Extraordinaria urgente de los clubes afiliados. Aclaran que no buscan reemplazar a la Justicia ni a los organismos disciplinarios, pero sí que la conducción explique en qué se usaron los recursos.

También reclaman que se informe formalmente a los clubes sobre la sanción del Consejo Federal, que se revisen decisiones disciplinarias cuestionadas de la actual gestión, y que se proteja a jugadores, cuerpos técnicos y a las categorías infantiles y juveniles de las consecuencias de la interna dirigencial.

Con la factura sobre la mesa, el conflicto ya no pasa solo por la sanción a Sánchez: ahora también está en juego el manejo económico de la institución. La definición queda en manos de Miranda y de los clubes, mientras el Consejo Federal sigue de cerca un escándalo que ya trascendió el fútbol puntano.