Guerra de carpetazos en la Justicia provincial: denuncian el armado de causas para ejecutar un «linchamiento mediático» contra la oposición

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Un diputado provincial presentó una explosiva denuncia contra fiscales y funcionarios vinculados al «escándalo del maíz». Acusa el uso de expedientes artificiales para lograr una condena social ante la falta de pruebas técnicas. Mientras tanto, la causa contra los acusados ingresó en una parálisis por masivas excusaciones de fiscales locales, y crecen las sospechas sobre quién protege al fiscal denunciado.
El diputado provincial por el Departamento Pedernera, Joaquín Beltrán, formalizó una denuncia penal contra un grupo de funcionarios del fuero judicial y político provincial —entre los que figuran el fiscal de Instrucción Dr. José Alberto Olguín, el Dr. Marcelo Palacios Fernández, Ricardo André Bazla y el Dr. Darío Oviedo—. La presentación judicial acusa la orquestación de una causa penal artificial carente de sustento delictivo, cuyo fin principal sería alimentar una campaña de desprestigio en medios y redes sociales contra el legislador y su entorno.
La defensa del legislador fundamenta la inexistencia de delito en la presentación formal de balances, auditorías e informes favorables emitidos por la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas, los cuales acreditarían el manejo transparente de los fondos públicos durante la gestión cuestionada. Asimismo, se señala al fiscal Olguín por presunta violación de deberes e incumplimiento de funciones tras la filtración de material reservado del expediente.
¿Quién blinda al fiscal denunciado?
La pregunta que empieza a instalarse en Tribunales es quién ampara a Olguín pese a las múltiples denuncias en su contra. La máxima autoridad de la que depende jerárquicamente es el Procurador General de la provincia, Sebastián Cadelago Filippi. La sospecha no es nueva ni aislada: en la causa paralela por la desaparición de la millonaria cosecha de maíz de un campo estatal —que también salpica a Bazla—, el abogado Pascual Celdrán denunció públicamente que Cadelago Filippi «protege por amiguismo» a funcionarios de peso del gobierno de Claudio Poggi. [A confirmar con vos si esta es la línea de protección que querés remarcar, o si tenés otra fuente directa].
Recusación pendiente y parálisis institucional
A la denuncia por armado de causa se suma un capítulo procesal que sigue sin resolverse: continúa pendiente el tratamiento de la recusación planteada por las defensas, que traba el avance de la audiencia clave en el expediente. Mientras tanto, la investigación paralela contra los funcionarios acusados se encuentra frenada por una cadena de excusaciones e inhibiciones entre los fiscales de la Primera y Tercera Circunscripción Judicial. Frente a esta parálisis institucional, la defensa evalúa radicar las actuaciones en la Justicia Federal.

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