Federico Robles, quien se desempeña en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villa de Merlo, viene dejando el mismo comentario en distintas publicaciones de La Dosis Puntana, cuestionando con qué «impuestos» se financia este medio y calificándolo de «diario fantasma».

La acusación no solo se repite de forma calcada en varias notas —lo que descarta el comentario espontáneo y confirma una intención de hostigamiento— sino que además es falsa: Facundo Samper, fundador de La Dosis Puntana, nunca trabajó para el Estado, nunca recibió un peso del Estado y nunca hizo negocios con el Estado. El medio se sostiene exclusivamente con recursos propios.

Consultado sobre los comentarios, Facundo Samper fue tajante:

«Nunca trabajé para el Estado, nunca recibí un peso del Estado y nunca hice negocios con el Estado. La Dosis Puntana se sostiene con plata mía, y lo firmo con mi nombre y apellido. Acá no se esconde nadie.»

La ironía es evidente: quien cuestiona la financiación de un medio independiente es, él mismo, un empleado estatal que cobra su sueldo del municipio de Villa de Merlo. Mientras acusa sin pruebas, no explicó en ningún momento qué lo motiva a perseguir con el mismo mensaje a un medio que jamás tuvo vínculo con fondos públicos.

Llama la atención, además, que Robles dedique tiempo a cuestionar la financiación de un medio de otra ciudad cuando su función es la gestión del desarrollo humano en su propio municipio. Cabría preguntarse si no tiene, ahí, asuntos más urgentes de los que ocuparse.

Este tipo de hostigamiento hacia medios independientes no es un hecho aislado en el país, y expone una tensión conocida: funcionarios que, desde su lugar de poder o desde el anonimato de las redes, buscan desacreditar al periodismo que no depende de ellos.

Desde La Dosis Puntana