«En San Luis, Poggi es Milei»: el peronismo denuncia una ley que le da manos libres al gobernador para vender tierras del Estado
Mientras en el Senado nacional avanza la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por Javier Milei, en San Luis el gobernador Claudio Poggi replicó la jugada a escala provincial. Su bloque legislativo aprobó el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), una norma que le permite al Ejecutivo vender, alquilar o ceder inmuebles fiscales del Estado sin control legislativo posterior. El caso ya trascendió a medios nacionales, que empezaron a seguir el paralelismo entre la ley provincial y la agenda de Milei.
El proyecto se aprobó con el rechazo del PJ. El diputado provincial Walter Pollo explicó que la iniciativa mezclaba dos cuestiones: por un lado, incentivos para la industrialización, algo que el propio peronismo había impulsado antes; por otro, una ampliación de las facultades del gobernador para disponer de bienes provinciales. Según Pollo, pidieron separar ambos temas en leyes distintas, pero el oficialismo no aceptó.
Para el legislador, incluir el capítulo inmobiliario dentro de un régimen de promoción industrial funciona como una cobertura política: quien vote en contra después será señalado por no acompañar la generación de empleo, aunque el verdadero punto de conflicto sea otro. Citó los artículos 8 y 9 de la Constitución provincial, que —según su lectura— impiden delegar facultades constitucionales y exigen publicidad en los actos de disposición de bienes del Estado.
«Es como darle un cheque en blanco a Poggi para que venda, regale o enajene los bienes de la provincia», afirmó Pollo, y agregó: «Los campos, terrenos, edificios e inmuebles del Estado no son del gobernador de turno. Son patrimonio de todos».
El paralelismo con Nación
Consultado sobre el vínculo entre esta ley y la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado, Pollo fue directo: «En la provincia sabemos que Poggi es Milei». En esa votación nacional, los senadores puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta acompañaron el proyecto oficialista, mientras que el justicialista Fernando Salino votó en contra.
El diputado describió además la relación de fuerzas en la Legislatura puntana: 29 legisladores oficialistas contra 14 del bloque peronista, con quórum propio garantizado y un reglamento que limita a cinco minutos la defensa de cada proyecto en el recinto. Denunció que las iniciativas del PJ suelen quedar cajoneadas en comisión sin tratamiento posterior.
El caso ya está en la agenda nacional
La comparación entre el RIPEE puntano y la ofensiva legislativa de Milei a nivel nacional empezó a circular en medios de alcance federal, que tomaron el caso como ejemplo de cómo gobernadores alineados con la Casa Rosada replican en sus provincias el mismo esquema de disposición de bienes públicos que impulsa el oficialismo nacional.
Qué sigue
Con el RIPEE ya sancionado, la discusión se traslada ahora a su implementación: qué inmuebles se ofrecerán, a qué precio, con qué compromisos de inversión y bajo qué control posterior. Son definiciones que quedan en manos del Poder Ejecutivo, sin la instancia legislativa que antes intervenía en cada operación. El justicialismo adelantó que hará seguimiento de cada bien que entre en juego bajo el nuevo régimen.
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