El PJ San Luis denuncia «connivencia» entre Poggi y la Justicia por la prisión preventiva de tres militantes

El Partido Justicialista de San Luis salió a cuestionar con dureza la prisión preventiva dictada contra **Anabela Lucero, Enzo Lucero y Ezequiel Scarel**, dispuesta por el juez de Garantía **Santiago Ortiz**. Para el espacio, la medida configura **»un ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar»** y sienta un **»gravísimo precedente institucional»** para la provincia.

En un comunicado, el PJ remarcó que la prisión preventiva **»no es una pena anticipada»** sino la herramienta más extrema que puede aplicar un juez contra una persona que todavía tiene estado constitucional de inocencia. Según el Código Procesal Penal, solo debería usarse cuando ninguna otra medida alcance para garantizar el proceso.

El partido sostiene que los tres detenidos **no tienen antecedentes y poseen arraigo familiar**, y que no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación ni peligro de fuga. Aun así, el juez Ortiz rechazó las alternativas planteadas por la defensa y ordenó que permanezcan alojados **60 días en el Servicio Penitenciario**, una decisión que ya fue apelada y está en revisión.

A la causa se suma otro capítulo sensible: el Ministerio Público Fiscal, con el respaldo de la Fiscalía de Estado, avanza además con un pedido para **remover los fueros constitucionales del diputado por Pedernera, Joaquín Beltrán**, buscando que quede bajo las mismas condiciones de prisión preventiva, sin condena firme.

Frente a este escenario, el Partido Justicialista denunció una **»preocupante connivencia» entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales** que, según su lectura, terminan funcionando al servicio del poder político provincial. «La Justicia no puede transformarse en una herramienta para disciplinar opositores, perseguir dirigentes y ciudadanos que piensen diferente», plantearon.

El comunicado también apunta a un patrón que, aseguran, se repite desde hace casi tres años: la persecución judicial a dirigentes de ese espacio opositor. «Está siendo perseguido y disciplinado judicialmente, convirtiéndose en una situación sin precedentes que viola todas las garantías constitucionales», sostuvieron.

Por último, el PJ San Luis reclamó que en la provincia rijan sin excepciones **la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley**. «Para todos. Sin privilegios para los amigos del poder y sin persecución para quienes piensan distinto», cerraron.

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