El justicialismo puntano presentó un documento formal rechazando el proyecto de reforma y cuestionó las prioridades del oficialismo frente a los indicadores sociales de la provincia.
El Partido Justicialista de San Luis formalizó su rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Claudio Poggi. Mediante un extenso documento, el bloque peronista pidió el archivo del Despacho N.º 27-HCS-2026 o, en su defecto, que vuelva a comisión.
«Urgencia social, no constitucional»
El eje del planteo del PJ pasa por contraponer las prioridades del Ejecutivo con la situación económica de la provincia. El documento cita datos del segundo semestre de 2025: pobreza del 30,1% en el Gran San Luis, indigencia del 3,4%, y una caída del empleo privado formal cercana al 6,8% desde fines de 2023 —equivalente a más de 3.500 puestos registrados perdidos.
Para el justicialismo, esos números deberían marcar la agenda de gobierno antes que una reforma de las reglas políticas.
Mandatos hasta 2031, el punto más resistido
Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es la posibilidad de extender hasta 2031 los mandatos de legisladores y concejales electos en 2025, que originalmente vencen en 2029. El PJ sostiene que eso alteraría, después de una elección, las condiciones bajo las cuales votó la ciudadanía.
El documento también apunta contra una cláusula que establecería que el actual período de gobernación (2023-2027) sea contado como primer mandato de Poggi, en el marco de la limitación de mandatos que propone la reforma.
Costos sin definir
El PJ remarcó que el proyecto prevé una Convención Constituyente de 52 miembros sin fijar un presupuesto máximo ni presentar una estimación de gastos o informe de impacto fiscal.
El reclamo final
El justicialismo pidió que cualquier reforma futura esté precedida por audiencias públicas en los nueve departamentos, participación municipal, consultas sociales y estudios técnicos independientes.
Fuente: El Diario de la República
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