El gobernador Claudio Poggi había asegurado, al anunciar los últimos ascensos policiales, que «ya no hay más dedo ni discrecionalidad». Sin embargo, entre los nombres promovidos apareció Néstor Omar Sosa, hermano de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, quien además había sido pasado a retiro obligatorio en 2023.
Según el expediente, ese año una Junta Médica Policial dictaminó que Sosa «no se encontraba en condiciones» de desempeñar funciones ni de reintegrarse al servicio. La propia fuerza solicitó entonces al Poder Ejecutivo que formalizara su retiro, y el Decreto 4176 terminó disponiéndolo. No fue una licencia provisoria: el trámite se inició dentro de la Policía y culminó con el retiro obligatorio.
Ese antecedente contrasta con lo que establece la Resolución 0730-JP-2026, que promovió a Sosa de cabo a cabo primero, con antigüedad reconocida desde el 1° de enero de 2026. El ascenso se produjo cuando su hermana ya llevaba más de dos años al frente del Ministerio de Seguridad, con la Policía provincial bajo su órbita política.
En la documentación conocida no figura el instrumento que explique qué ocurrió entre el retiro obligatorio de 2023 y el nuevo ascenso: no hay registro de una revisión médica o administrativa, ni del procedimiento por el cual Sosa volvió a quedar comprendido en el régimen de ascensos.
Un crédito de casi $4 millones
El beneficio hacia el hermano de la ministra no se limitó al ámbito policial. En 2025, el Ejecutivo de Poggi le aprobó una asistencia de $3.925.088,92 a través del programa Mi Próximo Paso – Segunda Edición, destinada a un emprendimiento de servicios de electricidad en Merlo. El monto fue otorgado por decreto, en el marco de uno de los programas con los que la Provincia financia proyectos privados. Para ese entonces, Nancy Sosa ya integraba el gabinete provincial al frente de una de las áreas con mayor peso político y presupuestario del Ejecutivo.
El caso queda expuesto justo cuando Poggi busca instalar que los ascensos policiales dejaron atrás la discrecionalidad y los favores internos. Falta conocer, sin embargo, qué decisión dejó sin efecto o modificó el retiro obligatorio dispuesto por el propio Estado en 2023: la resolución que informa el ascenso no lo explica.
Mientras el gobernador sostiene públicamente que en los ascensos «ya no hay más dedo ni discrecionalidad», uno de los beneficiados es el hermano de su ministra de Seguridad, retirado obligatoriamente en 2023 y favorecido después con casi $4 millones del Estado. Un caso más de familiares beneficiados desde la gestión provincial, la misma práctica que Poggi había prometido terminar y que, según muestran estos episodios, se profundizó en su segunda gestión.
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