Demoras judiciales en San Luis: la jueza no levanta medidas que el tribunal superior anuló hace semanas

Un tribunal ordenó el 26 de agosto levantar todas las restricciones contra varios imputados con efecto retroactivo al 29 de julio, pero la jueza de Garantías Nº 4 aún no libra los oficios para comunicar el levantamiento. Los defensores denuncian que mientras pasa el tiempo, la gente sigue «congelada» en los registros públicos sin justificación legal.

¿De qué va el caso?

Se trata del caso OFR 384641/13 sobre fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Los imputados son Anastasi Luciano, Juan Claudio Latini, Ernesto Nader Alí y Jeremías Adrián Vivas, entre otros.

La jueza dictó medidas que resultaron ilegales

La jueza de Garantías Nº 4 ordenó varias restricciones: firma de libro mensual, prohibición de salida de la provincia, y «congelamiento» de bienes (inhibición). También decretó un embargo sobre una propiedad.

Pero cuando esto fue revisado por un tribunal superior, los jueces dijeron que estaba todo mal hecho. No solo anuló las medidas, sino que ordenó que tuvieran efecto desde el 29 de julio —es decir, reconocieron que nunca debieron estar vigentes desde esa fecha.

El problema: la jueza no actúa

Pasaron más de una semana desde que el tribunal superior ordenó levantar todo, pero la jueza aún no libró los oficios para comunicar a los organismos públicos. Esto significa:

• En el Registro de la Propiedad, los bienes siguen apareciendo como congelados
• En el Registro Automotor, sigue igual
• En la Policía, las prohibiciones de salida siguen activas

La gente está siendo perjudicada porque la jueza no cumple. No pueden vender propiedades, hacer trámites con vehículos, ni se les levanta la prohibición de salir de la provincia. Todo porque una resolución que debería ser ejecutada automáticamente está paralizada.

La jueza se defiende diciendo que «no es su culpa»

Cuando le preguntaron por la demora, la magistrada respondió que ella solo cumple obligaciones procesales y que la demora es un «tema administrativo». Pero eso no es una justificación: cuando un tribunal ordena levantar medidas, el juez que las dictó tiene la obligación de comunicarlo inmediatamente.

Los defensores fueron más allá: presentaron una recusación argumentando que la jueza debería inhibirse del caso porque su inacción demostraba falta de imparcialidad. La magistrada rechazó eso diciendo que no había «motivo serio y razonable».

Pero el resultado es el mismo: personas sin medidas vigentes siguen siendo tratadas como si las tuvieran, porque la justicia no actúa con celeridad. Eso es un fracaso del sistema judicial que perjudica directamente a los derechos de la gente.

La pregunta que queda es clara: ¿cuánto más tiempo tiene que pasar para que se levanten medidas que ya no tienen validez legal?

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Un tribunal ordenó el 26 de agosto levantar todas las restricciones contra varios imputados con efecto retroactivo al 29 de julio, pero la jueza de Garantías Nº 4 aún no libra los oficios para comunicar el levantamiento. Los defensores denuncian que mientras pasa el tiempo, la gente sigue «congelada» en los registros públicos sin justificación legal.

¿De qué va el caso?

Se trata del caso OFR 384641/13 sobre fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Los imputados son Anastasi Luciano, Juan Claudio Latini, Ernesto Nader Alí y Jeremías Adrián Vivas, entre otros.

La jueza dictó medidas que resultaron ilegales

La jueza de Garantías Nº 4 ordenó varias restricciones: firma de libro mensual, prohibición de salida de la provincia, y «congelamiento» de bienes (inhibición). También decretó un embargo sobre una propiedad.

Pero cuando esto fue revisado por un tribunal superior, los jueces dijeron que estaba todo mal hecho. No solo anuló las medidas, sino que ordenó que tuvieran efecto desde el 29 de julio —es decir, reconocieron que nunca debieron estar vigentes desde esa fecha.

El problema: la jueza no actúa

Pasaron más de una semana desde que el tribunal superior ordenó levantar todo, pero la jueza aún no libró los oficios para comunicar a los organismos públicos. Esto significa:

• En el Registro de la Propiedad, los bienes siguen apareciendo como congelados
• En el Registro Automotor, sigue igual
• En la Policía, las prohibiciones de salida siguen activas

La gente está siendo perjudicada porque la jueza no cumple. No pueden vender propiedades, hacer trámites con vehículos, ni se les levanta la prohibición de salir de la provincia. Todo porque una resolución que debería ser ejecutada automáticamente está paralizada.

La jueza se defiende diciendo que «no es su culpa»

Cuando le preguntaron por la demora, la magistrada respondió que ella solo cumple obligaciones procesales y que la demora es un «tema administrativo». Pero eso no es una justificación: cuando un tribunal ordena levantar medidas, el juez que las dictó tiene la obligación de comunicarlo inmediatamente.

Los defensores fueron más allá: presentaron una recusación argumentando que la jueza debería inhibirse del caso porque su inacción demostraba falta de imparcialidad. La magistrada rechazó eso diciendo que no había «motivo serio y razonable».

Pero el resultado es el mismo: personas sin medidas vigentes siguen siendo tratadas como si las tuvieran, porque la justicia no actúa con celeridad. Eso es un fracaso del sistema judicial que perjudica directamente a los derechos de la gente.

La pregunta que queda es clara: ¿cuánto más tiempo tiene que pasar para que se levanten medidas que ya no tienen validez legal?

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