La Legislatura de San Luis aprobó, con 30 votos a favor y 13 en contra en Diputados, la ley que declara la necesidad de reformar la Constitución provincial. Entre los cambios que habilita hay uno que generó más ruido que ningún otro: los diputados y senadores elegidos en 2025, cuyo mandato debía terminar en 2029, van a seguir en sus bancas hasta 2031. Dos años de propina, votados por ellos mismos.
El senador justicialista Hugo Olguín lo resumió sin vueltas: cuando una reforma necesita los votos de los propios legisladores y, al mismo tiempo, les da dos años más en el cargo, hay como mínimo un conflicto institucional evidente. El exdiputado radical José Luis Riccardo fue más lejos y habló directamente de «un fraude a la Constitución» y «una traición al voto popular».
Pero más allá de la discusión jurídica y política, hay una pregunta que a la gente le importa tanto o más: ¿cuánto sale esto?
La cuenta de la prórroga
Con el sueldo de diputados y senadores puntanos, que llegará a $5.799.750 de bolsillo por mes hacia noviembre de 2026, la cuenta de la extensión de mandatos queda así:
Por diputado, dos años extra ≈ $139,2 millones
Los 43 diputados, dos años ≈ $5.985 millones (solo en dieta neta)
Sumando los 9 senadores, que cobran la misma dieta base ≈ $7.240 millones en total para toda la Legislatura
Y esto es apenas la dieta. No incluye aportes patronales, el adicional por desarraigo que cobran algunos legisladores, gastos de bloque ni el personal de sus despachos — con eso, el costo real es más alto. Tampoco contempla que el sueldo va a seguir subiendo con la inflación durante esos dos años.
A eso hay que sumarle otro número, este sí oficial: el PJ cuestionó públicamente el costo previsto para todo el proceso de reforma — incluyendo la Convención Constituyente de 52 miembros que va a redactar el nuevo texto — en $3.604 millones.
Sumando ambas cosas, el proceso de reforma más la extensión de mandatos ronda, en números redondos, los $10.800 millones de pesos.
¿Y con esa plata qué se podía hacer?
Para dimensionarlo con algo que a cualquier puntano le toque el bolsillo: el Salario Mínimo, Vital y Móvil nacional es de $376.600 por mes. Con los $7.240 millones que cuestan los dos años extra de toda la Legislatura, alcanzaría para pagar más de 19.200 salarios mínimos mensuales. O, pensado en términos de necesidades básicas: la Canasta Básica Alimentaria de una familia tipo es de $572.488 al mes — esos $7.240 millones cubrirían esa canasta para unas 12.600 familias durante un mes.
Son comparaciones ilustrativas para dar la escala del número, no un cálculo de qué haría exactamente el Estado provincial con esa plata si no la gastara en esto. Pero sirven para la pregunta que importa: ¿es ésta la prioridad de gasto que necesita San Luis hoy?
El otro lado del mostrador
Para que el panorama esté completo, vale sumar lo que dice el oficialismo:
El constitucionalista Cristian Altavilla, que participó en la redacción del proyecto, sostiene que extender los mandatos dos años para compatibilizarlos con el resto de la Cámara no es inconstitucional, porque no le da privilegios a nadie en particular — es una medida general, no selectiva.
El Gobierno provincial enmarca todo el cambio como el fin del «modelo Rodríguez Saá» de reelección indefinida, vigente desde 1987, y remarca que el propio gobernador Poggi también queda alcanzado por el nuevo límite de dos mandatos.
Además, la palabra final no la tiene la Legislatura actual sino una Convención Constituyente de 52 miembros elegidos por voto popular — es decir, formalmente son otros los que definen si la cláusula transitoria queda o no en el texto final.