Vanesa Carranza, secretaria privada del ministro de Educación puntano Guillermo Araujo, se vio obligada a salir a las redes sociales para poder conseguir una silla de ruedas para un abuelo que no tiene sus piernas. Pidió ayuda para difundir el mensaje entre sus contactos, ya que necesitaba resolverlo con urgencia.
Lo llamativo es que en ningún momento mencionó que el Ministerio de Salud, Desarrollo Humano o algún hospital público ya estuviera interviniendo en el caso. O sea: el pedido salió directamente de las redes, no de los canales estatales que deberían estar para eso.
Y ahí está el dato que más pesa políticamente: quien hizo el pedido no es una vecina cualquiera, es una funcionaria que trabaja todos los días dentro de la estructura del Ejecutivo provincial, a las órdenes de un ministro. Si alguien con ese nivel de acceso terminó recurriendo a Facebook para resolver algo tan básico, imaginate lo que le pasa a una persona común que solo cuenta con los canales oficiales y no tiene un contacto directo en algún despacho del Gobierno.
Una silla de ruedas no es un capricho ni un lujo: es la herramienta que le permite a alguien moverse y ser autónomo. Que este pedido haya tenido que resolverse puerta a puerta entre particulares, con la gestión de Poggi hablando todo el tiempo de «orden» y «eficiencia» en la administración provincial, deja bastante mal parado al Estado.
Por ahora no se supo nada oficial: no hay cifras de cuántos pedidos de sillas de ruedas hay pendientes en San Luis, ni cuánto tarda en resolverse cada caso, ni qué área tendría que haberse hecho cargo. Tampoco trascendió si, después de que se hizo viral el pedido, alguna oficina del Gobierno se puso las pilas para responder.
Fuente: El Mosquito Puntano
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