San Luis: la violencia de género no baja y el Gobierno sigue sin mostrar los números de violaciones

Los datos que la propia Dirección de Mujer, Género y Diversidad difundió esta semana dejan una lectura incómoda para la gestión provincial: 786 víctimas de violencia de género asistidas en apenas cinco meses de 2026. Al ritmo que muestra ese número, San Luis va camino a superar ampliamente las cifras del año pasado. Y sin embargo, el discurso oficial sigue centrado en anunciar herramientas —655 botones de alerta temprana— como si la instalación de dispositivos alcanzara para resolver un problema que crece.
La pregunta que la gestión de Melisa Zárate no responde es simple: si las políticas de prevención vienen funcionando, ¿por qué la cantidad de víctimas asistidas no deja de aumentar? Un botón de alerta se activa cuando la violencia ya está instalada. No previene, contiene. Y contener no es lo mismo que reducir.
Violaciones: dos años sin una sola cifra oficial actualizada
Acá aparece el punto más grave de esta nota: hace más de dos años que el Gobierno provincial no publica estadísticas actualizadas sobre violaciones en San Luis. Mientras otras provincias y la Nación difunden sus números criminales con cierta regularidad, la actual gestión no dio a conocer un solo informe propio sobre violaciones durante 2024, 2025 ni en lo que va de 2026. Ese silencio se sostiene pese a los pedidos de legisladores de la oposición, que hace tiempo reclaman transparencia en este punto.
Es una omisión que llama la atención en momentos en que la propia Dirección de Mujer, Género y Diversidad admite que la asistencia a víctimas de violencia de género no para de crecer. Si la situación estuviera bajo control, mostrar los números sería la mejor forma de demostrarlo. La decisión de no actualizarlos deja abierta una pregunta incómoda que la gestión actual todavía no respondió.
La Justicia, otra vez, a paso lento
El plano judicial tampoco ayuda a mejorar el panorama. La causa contra Sergio Fares, acusado de abusar sexualmente de un adolescente, recién llega a juicio oral en diciembre: entre la denuncia y el debate pasará más de un año con el acusado alternando entre prisión preventiva y prórrogas. La causa contra un ex agente penitenciario por abuso sexual infantil sigue sumando víctimas sobre la marcha, lo que también habla de una investigación que no cerró a tiempo el círculo.
Mientras la Justicia arrastra los tiempos y el Gobierno provincial mantiene a oscuras las estadísticas de violaciones, el discurso oficial se limita a pedir que «se denuncie» y a exhibir la Línea 144 como respuesta. Es una herramienta necesaria, pero insuficiente si detrás no hay transparencia real sobre lo que está pasando en la provincia.
Lo que falta explicar
Ni el municipio ni la Dirección de Mujer, Género y Diversidad brindaron precisiones sobre cuántas de esas 786 víctimas asistidas terminaron con una denuncia formal, cuántas avanzaron a juicio, ni por qué la provincia lleva dos años sin actualizar sus estadísticas de violaciones. La gestión actual tiene la información. Lo que no queda claro es por qué elige no mostrarla.