Un joven de 30 años, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de San Luis, fue condenado este martes a tres años de prisión efectiva por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. La condena se dictó mediante un juicio abreviado ante la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper.
El origen de la causa
La investigación comenzó a partir de una alerta emitida por Instagram el 29 de abril de 2025, que detectó el envío de material de abuso desde una cuenta vinculada al imputado. A partir de ese reporte, la fiscal de Género N° 2, Antonella Córdoba, junto al defensor penal Carlos Salazar, avanzaron en la pesquisa que derivó en el acuerdo homologado por la jueza.
Según explicó la magistrada, el acuerdo no implicó una mera homologación: se analizó en profundidad la prueba reunida, entre la que se destacaron el reporte de Instagram y el allanamiento realizado en el domicilio del acusado. Informes de compañías de telefonía e internet permitieron cruzar cuentas y direcciones IP con conexiones registradas tanto en su vivienda como en la universidad donde cursaba.
Detención en el marco de un operativo nacional
El condenado fue detenido en el marco del operativo internacional «Aliados por la Infancia V», desarrollado el 26 de agosto de 2025 con allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. En San Luis hubo tres detenidos ese día, aunque el acusado no se encontraba en su vivienda de calle Tomás Jofré, sino en la casa de su familia en La Pampa, provincia de la que es oriundo. Tras un pedido de extradición, fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia puntana.
En el procedimiento se secuestró una computadora que, según el Departamento de Investigación de Delitos Complejos, contenía 37 videos y 22 imágenes clasificados bajo la categoría internacional B1, utilizada para identificar material de abuso sexual infantil. La fiscal indicó además que el equipo tenía asociada una cuenta de correo coincidente con la de Instagram investigada.
La sentencia
Al momento de fijar la pena, la jueza consideró como atenuante la falta de antecedentes penales del condenado y resolvió que la sanción resultaba proporcional dentro de la escala legal prevista. Determinó tres años de prisión de cumplimiento efectivo, con alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial.
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